A partir de una nueva normativa, los empleados públicos nacionales podrán elegir en qué banco cobrar sus sueldos, poniendo fin a la exclusividad del Banco Nación y abriendo la competencia a otras entidades privadas.
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El Gobierno nacional oficializó una medida histórica: desde ahora, los empleados estatales podrán elegir cobrar su sueldo en bancos distintos al Banco Nación, rompiendo así un monopolio que llevaba décadas en vigencia. La decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante la Decisión Administrativa 9/2025, busca fomentar la competencia y eliminar los privilegios automáticos que tenían las empresas públicas para brindar servicios al Estado.
¿Cómo funcionará el nuevo sistema?
La medida adjudica a once entidades financieras privadas la posibilidad de ofrecer el servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito de cuentas sueldo para empleados públicos, por un plazo de tres años con opción de prórroga por uno más. Los bancos seleccionados son Credicoop, Patagonia, Santander, ICBC, Galicia, BBVA, Macro y Supervielle, entre otros. En cambio, fueron desestimadas las propuestas de Banco Ciudad, Brubank y Banco Hipotecario por no cumplir con los requisitos del pliego.
¿Qué implica para los empleados públicos?
Por primera vez en décadas, los trabajadores estatales podrán elegir libremente en qué banco cobrar su salario, sin estar atados obligatoriamente al Banco Nación. Cada organismo podrá coordinar con sus empleados la transición, que no afectará el calendario de pagos ni obligará a nadie a cambiar de entidad si no lo desea.
Objetivos y beneficios de la medida
La apertura del servicio de cuentas sueldo es parte de un plan más amplio de desregulación administrativa impulsado por el gobierno de Javier Milei. Busca mayor transparencia, reducción de costos operativos y mejores condiciones para los empleados estatales. Además, se espera que la competencia entre entidades financieras genere mejores servicios y beneficios para los usuarios.
La resolución representa un cambio estructural en la relación entre el Estado y el sistema financiero, y será monitoreada por la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía.
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