Tras el veredicto contra el exjuez federal y su familia, el Tribunal Oral Federal 2 detalló las sanciones para los abogados y particulares involucrados en la red de coimas.
El histórico juicio por corrupción en la justicia federal de Mendoza sumó un nuevo capítulo con la lectura de las penas para los 15 imputados que secundaron al exjuez Walter Bento. El Tribunal Oral Federal 2 aplicó condenas severas, inhabilitaciones y multas millonarias, desarticulando la estructura que operaba en la captación de sobornos.
Condenas a los organizadores y miembros de la red
- Luciano Ortego (Abogado): 8 años y 6 meses de cárcel e inhabilitación por 5 años. Organizador de asociación ilícita y cohecho activo.
- Jaime Alba (Abogado): 7 años de cárcel. Organizador de asociación ilícita y cohecho.
- Leopoldo Martín Ríos: 5 años de cárcel e inhabilitación por 5 años. Miembro de asociación ilícita y cohecho.
- Alejandro Aramayo (Abogado): 4 años y 6 meses de cárcel e inhabilitación por 5 años. Miembro de asociación ilícita y cohecho.
- Walter Eduardo Bardinella Donoso: 4 años de cárcel, con una pena unificada de 13 años y 6 meses.
- Luis Francisco Álvarez (Abogado): 3 años y 6 meses de cárcel. Miembro de asociación ilícita y cohecho pasivo.
- José Moschetti: 3 años y 6 meses de cárcel. Miembro de asociación ilícita y violación de deberes de funcionario público.
Penas para los sobornadores
| Condenado | Pena | Observaciones |
| Daniel Gonzalo Martínez Pinto | 2 años y 6 meses | Pena unificada de 9 años y 6 meses. |
| José María Sanguedolce | 2 años | Pena unificada de 6 años y 6 meses. |
| Alfredo Aliaga | 2 años (suspenso) | Coautor de cohecho activo. |
| Juan Carlos Molina | 2 años (suspenso) | Pena unificada de 2 años y 6 meses (suspenso). |
| Eugenio Nasi | 2 años (suspenso) | Pena unificada de 5 años y 6 meses. |
| Martín Rodolfo Bazán | 1 año y 6 meses | Agravado por ser funcionario policial. |
| Marcos Calderón | 1 año (suspenso) | Cohecho activo agravado. |
El fin de la red de corrupción
La resolución del TOF 2 ratifica la existencia de una asociación ilícita que funcionaba dentro de los tribunales federales de Mendoza. El decomiso de bienes y las multas aplicadas buscan recuperar parte de los activos derivados de estas maniobras ilegales, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción sistémica en el Poder Judicial.