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Desbaratan una banda que realizaba extorsiones sexuales desde la cárcel de Almafuerte.

La organización criminal simuló el suicidio de una joven para estafar por 2 millones de pesos a un vecino de Chubut; hubo allanamientos en Godoy Cruz y San Rafael.


Una compleja red de sextorsión y estafas virtuales fue desarticulada tras un operativo conjunto entre la Policía Federal Argentina (PFA) y el Ministerio de Seguridad. La investigación, que comenzó en el sur del país, reveló una trama de engaños que incluía falsos fiscales, abogados y hasta actas de defunción apócrifas.

El «cuento» de la menor y el falso suicidio

La causa se originó en noviembre de 2025 en la localidad de Cholila, Chubut. El modus operandi de la banda seguía una secuencia milimétricamente calculada:

  1. Contacto inicial: La víctima fue contactada por Facebook por una supuesta mujer llamada «Carla». Tras intercambiar mensajes, la mujer alegó ser menor de edad y cortó el contacto.
  2. La amenaza: Un hombre contactó luego a la víctima fingiendo ser el padre de la joven, exigiendo dinero bajo amenaza de denuncia y alegando que su hija necesitaba tratamiento psicológico urgente por el intercambio de mensajes.
  3. Simulación de muerte: Para elevar la presión, los estafadores enviaron documentación falsa (amparos por ciberacoso y un acta de defunción) asegurando que la joven se había quitado la vida.
  4. El pago: Atemorizada, la víctima realizó transferencias bancarias por un total de 2 millones de pesos.

La ruta del dinero y el cerebro desde la cárcel

La División Unidad Operativa Esquel logró reconstruir los movimientos financieros, lo que permitió identificar el origen de la maniobra:

  • Líder carcelario: El presunto organizador es un interno alojado en el Complejo Penitenciario Almafuerte.
  • Conexión en el Gran Mendoza: Se detectó que el dinero era derivado a allegados del preso que residían en el Barrio La Gloria, en Godoy Cruz.
  • Operativos: Se realizaron allanamientos en Godoy Cruz y San Rafael, donde se secuestraron 8 teléfonos celulares, 2 notebooks y documentación clave para la causa.

Los investigados, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del juzgado interviniente en la provincia de Chubut, mientras se analiza el contenido de los dispositivos electrónicos para identificar a otras posibles víctimas.