La Legislatura provincial sancionó la Ley N° 9.702, que otorga autonomía total a las comunas para intervenir, podar y erradicar ejemplares sin previa autorización de la Provincia. El objetivo es agilizar las respuestas ante riesgos de caídas y optimizar los recursos hídricos.
Mendoza ha dado un paso histórico en la administración de su patrimonio forestal. Mediante la reforma de la Ley N° 7.874, la provincia transfirió oficialmente la jurisdicción y responsabilidad técnica del arbolado público a las órbitas municipales. Este cambio de paradigma busca terminar con la burocracia administrativa que demoraba meses en autorizar intervenciones urgentes sobre ejemplares secos o peligrosos.
Los ejes centrales de la nueva ley
La normativa, aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, establece nuevas obligaciones y libertades para los intendentes:
- Autonomía operativa: Los municipios ya no requieren permiso del Ejecutivo provincial para realizar podas o erradicaciones. Esta medida permite una respuesta dinámica ante situaciones de riesgo inminente por tormentas o viento Zonda.
- Planificación estratégica: Cada comuna debe diseñar y presentar un Plan de Manejo Integral cada cuatro años, ajustado a los lineamientos técnicos de la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia.
- Fin del monocultivo: Se prohíbe plantar una sola especie en grandes extensiones. La ley impone la transición al policultivo para evitar que plagas masivas, como las que históricamente diezmaron al olmo, destruyan el bosque urbano simultáneamente.
Desafíos hídricos y climáticos
El nuevo marco legal pone especial énfasis en la eficiencia hídrica. Se promueve la elección de especies con copas más pequeñas y de bajo mantenimiento para reducir la generación de residuos y optimizar el beneficio de sombra según la orientación solar.
Si bien la descentralización fue celebrada por agilizar los trámites vecinales, también generó debate en el recinto legislativo respecto a los recursos económicos. Algunos sectores advirtieron sobre la disparidad de fondos entre departamentos para asumir este costo operativo que antes compartían con la Provincia.
Con esta reforma, Mendoza busca modernizar su «pulmón verde» y garantizar que cada intendente gestione sus recursos forestales con visión a largo plazo y rigor científico, adaptando la ciudad a los desafíos del cambio climático.