El Ejecutivo provincial presentó los detalles del proyecto con media sanción para proteger la infraestructura crítica, los datos de los ciudadanos y garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales.
Estrategia provincial para resguardar la infraestructura crítica
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, expuso ante la Comisión de Legislatura y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados los alcances de la ley de ciberseguridad en Mendoza. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción, posiciona a la provincia como la primera jurisdicción del país en implementar un marco normativo integral destinado a resguardar la infraestructura crítica estatal, los datos personales y la continuidad de servicios fundamentales como salud, educación, transporte y energía.
Criterios transversales para frenar los ataques informáticos
Durante la exposición, las autoridades explicaron que el objetivo es convertir estas medidas en una política de Estado que trascienda las gestiones de gobierno. El proyecto establece reglas comunes para todos los organismos públicos, permitiendo elaborar un diagnóstico certero de los sistemas estatales y unificar los planes de prevención ante eventuales ataques informáticos. Asimismo, la normativa busca evitar la filtración de datos sensibles en la red para reducir los riesgos de estafas virtuales mediante ingeniería social.
Trabajo técnico y nuevas herramientas de seguridad digital
El subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, remarcó que el texto incorporó aportes de universidades como la Tecnológica Nacional y de especialistas que participaron en la White Hat Conference. Además, la propuesta incluye equipar a la Policía de Mendoza con tecnología avanzada, como reconocimiento facial y sistemas automáticos de lectura de patentes, consolidando el uso de la seguridad digital en las investigaciones operativas.
Respaldo académico y capacitación permanente a la ciudadanía
Por su parte, el especialista Rafael García Borda, de la entidad Cliclex, valoró la creación de un plan integral que obligará a municipios e instituciones a cumplir estándares obligatorios. La iniciativa contempla planes de capacitación continua para reducir la vulnerabilidad del factor humano, ofreciendo mayor certeza legal y protección integral a toda la comunidad.