Mendoza reclama mejoras en rutas provinciales tras el acuerdo con Vialidad Nacional
Tras la firma de un convenio entre el Gobierno de Mendoza y Vialidad Nacional, la provincia quedó habilitada para ejecutar obras de conservación, mejora y mantenimiento en varios tramos de rutas nacionales que atraviesan su territorio. El acuerdo, oficializado a fines de mayo, establece que Mendoza asume la responsabilidad y el costo de los trabajos, sin reembolso por parte del Estado nacional.
Tramos incluidos en el convenio
Los tramos transferidos a la órbita provincial son:
- Ruta Nacional 7: Palmira – Av. Costanera
- Ruta Nacional 40: Calle Azcuénaga – Empalme RN 7, Empalme RN 7 – F.F.C.C. Gral San Martín, y Empalme RN 7 – RP 96
- Ruta Nacional 143: Pareditas – San Rafael24578.
Alcance y condiciones del acuerdo
El convenio autoriza a Mendoza a realizar tareas de conservación, mejoras, mantenimiento de calzadas, banquinas, zonas marginales, alcantarillas y puentes, así como la reposición de señalización y sistemas lumínicos. También podrá reconstruir parcial o totalmente los caminos, siempre bajo supervisión técnica de Vialidad Nacional2478. La provincia podrá recuperar la inversión a través de la implementación de peajes o reclamando los costos al Estado nacional si no se autoriza el cobro.
Reclamos y contexto
El traspaso se produce en un contexto de reclamos crecientes por el deterioro de las rutas y la falta de inversión nacional en infraestructura vial. Mendoza, junto a otras provincias, exige soluciones ante el aumento de accidentes y la importancia logística de estos corredores para la producción y el turismo1. El gobernador Alfredo Cornejo remarcó la necesidad de intervenir en 235 kilómetros de rutas nacionales de alto tránsito y vital importancia para la provincia, como la Ruta 7, la 143 y la 401.
Próximos pasos
El acuerdo busca agilizar la ejecución de obras clave, aunque la provincia deberá asumir los costos y cumplir con los requisitos técnicos nacionales. Mientras tanto, se mantienen las audiencias públicas para discutir la futura privatización y concesión de rutas a operadores privados, en línea con la política nacional de reducir el gasto público y fomentar la inversión privada en infraestructura vial.
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