Estudiantes aseguran que la facultad pretende obligar a quienes cursan planes antiguos a migrar al nuevo diseño curricular, lo que implicaría rendir hasta ocho materias adicionales para graduarse.
Una fuerte polémica estalló en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) luego de que un grupo de alumnos denunciara públicamente una posible modificación en las reglas de permanencia de los planes de estudio. Según la denuncia, las autoridades de la casa de estudios estarían evaluando la obligatoriedad de traspasar a los estudiantes que aún cursan el Plan de Estudios 1998 al nuevo Plan 2017, lo que generaría un perjuicio académico y una extensión imprevista de sus carreras.
El eje del conflicto: materias extra y pérdida de derechos
El principal reclamo de los estudiantes radica en la carga académica adicional que este cambio supondría. Al migrar de plan, muchos alumnos deberían cursar y rendir hasta ocho materias más que no estaban contempladas en su currícula original. Los denunciantes sostienen que esto vulnera el principio de irretroactividad de las normas académicas y afecta directamente a quienes están en la recta final de la carrera, demorando su egreso y el acceso al mercado laboral.
Incertidumbre y falta de diálogo
Los alumnos manifestaron que la información ha circulado de manera informal y a través de resoluciones internas que no habrían sido debidamente consensuadas con el claustro estudiantil. «Sentimos que nos están cambiando las reglas de juego a mitad del partido», señalaron representantes estudiantiles. La preocupación se extiende especialmente a aquellos alumnos que trabajan o tienen familiares a cargo, para quienes sumar casi un año extra de carrera representa un obstáculo económico y personal insalvable.
La postura de la Facultad y los procesos de acreditación
Si bien desde la gestión de la facultad no se ha emitido un comunicado oficial de carácter definitivo, se sabe que estos procesos suelen estar vinculados a las exigencias de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) para estandarizar los títulos de abogacía a nivel nacional. Sin embargo, los estudiantes argumentan que existen mecanismos de transición y equivalencias que deberían proteger a los alumnos de los planes anteriores sin obligarlos a una migración masiva y perjudicial.
Posibles medidas de fuerza
Ante la falta de respuestas claras, los estudiantes no descartan iniciar medidas de fuerza, que podrían incluir asambleas, clases públicas o presentaciones legales ante el Consejo Superior de la Universidad. El conflicto pone en relieve la tensión entre la necesidad de modernizar los contenidos académicos y el respeto por los derechos adquiridos de los estudiantes que iniciaron su formación bajo normativas previas.