Ante la reciente ola de intimidaciones, la Dirección General de Escuelas (DGE) reforzó los lineamientos de actuación. El objetivo es claro: proteger la seguridad de los alumnos, evitar el pánico y aplicar las sanciones correspondientes a los responsables.
La aparición de amenazas de violencia en ámbitos educativos ha llevado a la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza a estandarizar un protocolo de actuación estricto. La meta es mitigar el impacto de los denominados «retos virales» y garantizar que la escuela siga siendo un espacio de aprendizaje seguro.
Procedimiento ante amenazas: el paso a paso institucional
Cuando se detecta una amenaza (ya sea en baños, paredes o redes sociales), los directivos deben seguir estos lineamientos obligatorios:
- Intervención inmediata: Llamado urgente al 911 para dar curso a las fuerzas de seguridad y, si la amenaza es digital, a la División de Delitos Tecnológicos.
- Comunicación jerárquica: Notificación inmediata a la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE), a la Supervisión y a la Dirección de Nivel.
- Gestión de la evidencia: Se debe fotografiar la amenaza para la denuncia judicial y eliminarla de inmediato para evitar la viralización.
Estrategia contra el pánico y la inestabilidad
El protocolo de la DGE enfatiza tres puntos clave para mantener la calma en la comunidad educativa:
- Presencialidad: La orden es no suspender las clases. La interrupción de actividades es vista como un incentivo para la conducta transgresora.
- Discreción: Está prohibido divulgar el nombre de la escuela afectada, evitando así el «efecto contagio» y la expansión del pánico.
- Comunicación asertiva: Las instituciones deben enviar comunicados formales a las familias transmitiendo gestión, control y previsibilidad.
Sanciones y responsabilidades
La DGE ha dejado en claro que estas acciones tendrán consecuencias legales y administrativas:
- Sumarios: Se iniciarán investigaciones administrativas contra directivos o supervisores que omitan reportar las amenazas o incumplan el protocolo.
- Responsabilidad civil: Se impulsarán acciones legales contra los padres de los menores implicados, haciendo que deban responder por los costos operativos derivados de las falsas alarmas.
Abordaje socioemocional
Finalmente, el protocolo propone un trabajo docente enfocado en el acompañamiento, donde se valida la angustia de los estudiantes, se identifican señales de alerta en el comportamiento y se invita a las familias a reflexionar activamente sobre las consecuencias de estas conductas intimidatorias.