Con 137 votos a favor, el oficialismo y sus aliados convirtieron en ley las modificaciones que buscan destrabar inversiones mineras. La normativa redefine la protección del ambiente periglacial y otorga mayor poder de decisión a las provincias.
En una sesión maratónica de más de 11 horas, la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este jueves la reforma de la Ley de Glaciares (26.639). El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo y respaldado por gobernadores de provincias con potencial minero como Mendoza, San Juan y Salta, obtuvo 137 votos positivos, 111 negativos y 3 abstenciones.
Las claves de la nueva normativa
La reforma introduce cambios estructurales en la protección de los recursos hídricos estratégicos de la cordillera:
- Redefinición del Ambiente Periglacial: La nueva ley limita la protección solo a aquellas geoformas que cumplan una función hídrica «relevante» y «comprobable».
- Protagonismo Provincial: Se transfiere a las provincias la facultad de definir qué zonas proteger y cuáles no, basándose en estudios de impacto ambiental locales.
- Seguridad Jurídica para la Minería: El oficialismo sostiene que la ley vigente generaba «arbitrariedad técnica» que bloqueaba proyectos a gran escala. Con los cambios, se busca captar inversiones millonarias bajo el marco del RIGI.
Votación y repercusiones políticas
El quórum y la sanción definitiva fueron posibles gracias a una alianza transversal liderada por La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, junto a bloques provinciales de San Juan y Catamarca.
- Presencia oficial: Karina Milei y el secretario de Minería, Luis Lucero, siguieron el desenlace de la votación desde los palcos del recinto.
- Postura de Mendoza: La diputada mendocina Pamela Verasay defendió la reforma argumentando que es necesario «armonizar intereses» y que dejar de explorar ha sido un error estratégico para el país.
Críticas y advertencia de judicialización
Desde la oposición y organizaciones ambientalistas, como Greenpeace, la reforma fue calificada como «regresiva» e «inconstitucional».
- Miguel Ángel Pichetto adelantó que la norma será discutida en la Corte Suprema, ya que considera que no hay sustento técnico que justifique reducir los estándares de protección de los glaciares de roca.
- Impacto ambiental: Críticos advierten que la exigencia de demostrar el aporte hídrico «relevante» abre la puerta a la destrucción de glaciares de escombros que, aunque aporten poca agua, son vitales para el ecosistema de alta montaña.