La DGE impulsa una normativa que modifica el Código de Contravenciones para establecer la «responsabilidad compartida» en el bullying y ciberbullying, combinando multas y talleres de parentalidad.
Acoso Escolar: Sanciones y Corresponsabilidad Familiar
El Senado de Mendoza dio un paso fundamental al obtener despacho favorable en comisiones para un proyecto presentado por la Dirección General de Escuelas (DGE). La iniciativa, impulsada por el ministro Tadeo García Zalazar, busca incrementar la responsabilidad de los adultos frente al acoso escolar y el ciberbullying.
El aspecto más relevante es la figura de la “responsabilidad compartida” con los adultos. La normativa prevé que padres, madres o tutores podrán ser sancionados con multas económicas o la realización de tareas comunitarias si se demuestra que incurrieron en una falta de acompañamiento en la corrección de las conductas violentas de sus hijos menores de edad.
El proyecto, que modifica el Código de Contravenciones, no solo se centra en la sanción, sino que prioriza el enfoque educativo y reparador. Para ello, prevé la realización de talleres de parentalidad y el uso de espacios de mediación como herramientas clave para fomentar la convivencia, el respeto y la empatía en el entorno familiar y escolar.
Nuevo Protocolo de Actuación para Docentes
Además de las modificaciones legales, la propuesta incluye un nuevo Protocolo de Actuación que ofrece lineamientos claros y estructurados para docentes y directivos. Este protocolo busca garantizar un abordaje integral del bullying en las instituciones educativas.
El documento establece pasos definidos que incluyen:
- Identificación y registro de los casos.
- Comunicación inmediata con las familias.
- Intervención directa y seguimiento posterior.
El protocolo también diferencia los niveles de gravedad de las situaciones, define circuitos de derivación a equipos técnicos especializados y prevé la coordinación con la Justicia o los organismos de protección de derechos, según la complejidad del caso.
La propuesta subraya que la violencia escolar debe ser abordada con una acción conjunta enfocada en la prevención y la reparación del daño, y no únicamente a través de medidas punitivas.
El proyecto ahora será elevado para su debate en el recinto del Senado. De ser aprobado, Mendoza contaría con una normativa pionera en el país, integrando la ley, un protocolo de actuación y el compromiso familiar.