Con el apoyo clave del gobernador Alfredo Cornejo, el bloque de La Libertad Avanza apura un dictamen en la Cámara de Diputados para este martes. El objetivo es convertir en ley los cambios que permitirían la actividad minera en zonas periglaciares no hídricas.
En una semana clave para el sector extractivo, el oficialismo nacional ha decidido acelerar el tratamiento de la reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares. Tras obtener la media sanción en el Senado a finales de febrero, la estrategia de la Casa Rosada es emitir un dictamen exprés este martes 7 de abril y llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados el miércoles para su sanción definitiva.
El eje del cambio: Redefinir el ambiente periglacial
El punto central de la discordia y el principal interés para provincias mineras como Mendoza, San Juan y Catamarca, radica en la redefinición de qué se considera área protegida. El proyecto busca:
- Distinguir geoformas: Se pretende diferenciar entre los ambientes periglaciares que funcionan como «reservas estratégicas de recursos hídricos» de aquellos que no cumplen esa función vital.
- Habilitar la explotación: Al limitar la protección solo a las áreas con función hídrica verificable, quedarían liberadas vastas zonas de alta montaña para proyectos mineros, especialmente de cobre, mineral considerado crítico para la transición energética mundial.
Mendoza: Entre la autonomía y la inversión
El gobernador Alfredo Cornejo se ha consolidado como uno de los principales impulsores de esta reforma a nivel federal. Para el gobierno mendocino, la actual ley nacional de 2010 funciona como un «dique» que frena inversiones millonarias debido a definiciones técnicas demasiado amplias sobre el periglaciar.
Incluso, Mendoza ya se prepara para el escenario post-reforma:
- Ley Provincial Propia: Si el Congreso ratifica los cambios, la provincia buscará sancionar su propia normativa para definir criterios técnicos y controles ambientales específicos sobre sus glaciares.
- Seguridad Jurídica: El oficialismo local argumenta que estas nuevas reglas permitirán atraer capitales con mayor previsibilidad, en un contexto donde el cobre es el eje central de la nueva geopolítica minera.
Resistencias y alertas ambientales
A pesar del optimismo oficialista, la iniciativa enfrenta una fuerte resistencia de organizaciones como Greenpeace y la FARN, así como de científicos del IANIGLA-CONICET. Los críticos advierten que:
- Riesgo hídrico: La reforma podría poner en peligro las fuentes de agua dulce en un contexto de crisis climática y sequía prolongada en la región cuyana.
- Regresión ambiental: Denuncian que delegar la autoridad de aplicación a las provincias debilita los estándares de protección nacionales, favoreciendo intereses económicos de corto plazo.
El desenlace en la Cámara de Diputados este miércoles definirá no solo el futuro de la minería en Mendoza, sino también el modelo de protección de las reservas de agua dulce más importantes del país.