El juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, ha decidido poner fin a la autorización de uso de teléfonos celulares en cárceles mendocinas.
Aunque el retiro de los equipos será gradual en un plazo no menor a seis meses, se garantizará la instalación de un sistema de telefonía pública y se permitirán videollamadas para emergencias familiares o contactos con abogados.
El Servicio Penitenciario deberá notificar a los reclusos en un plazo de 30 días sobre esta medida. Se mantendrán visitas familiares con una frecuencia semanal como mínimo.
