La oposición impulsa la redistribución de Aportes del Tesoro Nacional y coparticipación del impuesto a combustibles
Tras el escándalo ocurrido en la sesión del jueves en la Cámara de Senadores, donde se aprobó con media sanción la ley que modifica la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles, la Unión Cívica Radical (UCR) busca ahora negociar con el Gobierno de Javier Milei para avanzar en la implementación de estas iniciativas que aumentan los fondos para las provincias.
Contexto de la sesión y aprobación de proyectos
La sesión, convocada de manera autoconvocada por la oposición, contó con 56 votos a favor y un solo rechazo, y aprobó proyectos impulsados por la mayoría de los gobernadores para garantizar una mayor transferencia de recursos a las jurisdicciones provinciales. Estas leyes obligan al Ejecutivo a distribuir automáticamente los ATN y parte de la recaudación del impuesto a los combustibles, recursos que hasta ahora eran retenidos por la administración nacional.
La aprobación se dio en medio de tensiones con el oficialismo, que abandonó el recinto y anunció que podría vetar estas leyes, mientras que la oposición y los gobernadores defienden la medida como un derecho constitucional y una necesidad para equilibrar las finanzas provinciales.
Postura de la UCR y próximos pasos
La UCR, principal partido de la coalición Cambia Mendoza, no acompañó inicialmente la votación pero ahora busca dialogar con Milei para negociar los términos de la ley y asegurar que los fondos lleguen efectivamente a las provincias. La intención es evitar un conflicto mayor y encontrar un acuerdo que permita la distribución justa de recursos sin afectar el equilibrio fiscal nacional.
Importancia para las provincias
Los proyectos aprobados contemplan que la totalidad de los fondos ingresados en la cuenta recaudadora de los ATN se distribuyan según índices de coparticipación, y que el impuesto a los combustibles se reparta eliminando varios fideicomisos nacionales. Esto representa un aumento significativo en los recursos provinciales, con un impacto fiscal estimado en miles de millones de pesos, fundamentales para la ejecución de políticas públicas locales.