Dos fiscales enfrentan graves denuncias por peculado, venta de joyas, armas y tecnología confiscada en allanamientos, y uso indebido del sistema de testigos protegidos.
La justicia mendocina enfrenta uno de sus mayores escándalos. Dos fiscales de instrucción, Manuel García Mango y Daniel Sánchez Giol, están bajo la lupa por presunto peculado y la comercialización de bienes secuestrados, como joyas de oro, dólares, celulares de alta gama, y armas.
Según las investigaciones, estos fiscales habrían montado una red para lucrar con los bienes confiscados a delincuentes, operando junto a abogados intermediarios que negocian con los detenidos. Los bienes son supuestamente vendidos en “cuevas” y el dinero utilizado para adquirir bienes personales y financiar lujos.
Además, los fiscales habrían incorporado a peligrosos delincuentes en el sistema de testigos protegidos, pese a sus antecedentes por robos agravados. Este entramado involucra también a otros funcionarios judiciales, secretarios, auxiliares e incluso la Oficina de Secuestros de la Suprema Corte de Justicia.
La investigación, encabezada por el Ministerio Público Fiscal, ya apunta a varios fiscales de las áreas de Robos y Hurtos, con ramificaciones que podrían desatar una crisis en el sistema judicial mendocino.
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