El estancamiento del mercado laboral formal obliga a miles de mendocinos a refugiarse en el régimen simplificado de ARCA, perdiendo derechos clave como aguinaldo, licencias y convenios colectivos.
El monotributo como único refugio laboral
El panorama del empleo en la provincia de Mendoza exhibe una transformación estructural que enciende las alarmas en el sector económico y social. Ante la sostenida destrucción de puestos de trabajo bajo relación de dependencia en el sector privado, el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo) se ha convertido en la principal vía de inserción o subsistencia para miles de trabajadores que quedan fuera del circuito formal.
Esta tendencia refleja que el crecimiento del universo de cuentapropistas no responde a un auge del espíritu emprendedor autónomo, sino a un fenómeno de «refugio» frente a la falta de oportunidades de contratación en empresas tradicionales.
Contracción del trabajo registrado y pérdida de derechos
La contraparte de este fenómeno es la marcada caída del empleo asalariado privado, una problemática que arrastra meses de indicadores contractivos y que afecta a ramas clave de la economía regional como el comercio, la construcción y la industria manufacturera.
El traspaso de trabajadores desde el sector asalariado hacia el régimen del monotributo implica un proceso de precarización de la fuerza laboral. Al perder la relación de dependencia formal, los trabajadores mendocinos dejan de contar con el amparo de los convenios colectivos de trabajo y se ven privados de beneficios fundamentales como:
- Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).
- Vacaciones y licencias médicas pagas.
- Cobertura de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
- Estabilidad laboral e indemnizaciones ante despidos.
Presión impositiva y reclamos por recategorizaciones
En este contexto de fragilidad económica, la presión sobre los trabajadores independientes se ha intensificado. Frente a la inflación y el desfasaje de las escalas, desde el arco político y social del sur de Mendoza se han impulsado proyectos legislativos para frenar temporalmente las recategorizaciones de oficio aplicadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Los impulsores de estas iniciativas advierten que las actualizaciones automáticas del fisco basadas en parámetros de consumo o movimientos bancarios empujan a los pequeños contribuyentes a categorías más altas con cuotas mensuales que muchas veces no se corresponden con una mejora real en sus niveles de ingresos.