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El sector vitivinícola pide a Nación sostener la trazabilidad para garantizar la calidad y seguridad jurídica

Productores, cooperativas y ministros de provincias vitivinícolas enviaron una nota formal al ministro Luis Caputo para manifestar su preocupación por la desregulación de dos instrumentos clave del INV.

Preocupación por la Desregulación del Digesto Normativo

El sector vitivinícola argentino, en conjunto con los gobiernos provinciales donde se desarrolla la actividad, ha elevado una nota formal al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para expresar su profunda preocupación. La inquietud se centra en los posibles efectos que podría tener la desregulación de parte del Digesto normativo del sector, específicamente la prevista en la Resolución INV 37/2025.

Productores, cooperativas y entidades empresariales, impulsados por la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI), han solicitado al Gobierno Nacional que garantice la continuidad de dos instrumentos considerados esenciales para la trazabilidad integral de la industria: la Declaración Jurada de Ingreso de Uva (CIU) y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05) con su Anexo de Terceros.

La Trazabilidad como Columna Vertebral del Control

El sector vitivinícola subraya que si bien apoya las reformas que promuevan la desburocratización y simplificación, estas medidas deben garantizar la calidad, genuinidad y aptitud para el consumo de los productos, además de respetar los derechos de propiedad de todos los actores de la cadena.

La posible eliminación o debilitamiento de estos formularios impactaría directamente en la trazabilidad, que es la capacidad de reconstruir con precisión el recorrido completo de la uva y sus derivados. Según los firmantes, este sistema es la “columna vertebral” del control ejercido por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Es indispensable para resguardar la propiedad, mantener los estándares internacionales y asegurar la confianza en los mercados de exportación.

El CIU: «Piedra Angular» para Productores

La Declaración Jurada de Ingreso de Uva (CIU) es calificada como la «piedra angular» del ordenamiento productivo. Es el único documento que certifica de manera fehaciente el ingreso real de la uva al lagar, incluyendo peso, variedad y condiciones de entrega.

Su obligatoriedad es crucial para la seguridad jurídica, en especial para los pequeños y medianos productores que elaboran bajo el régimen de maquila, ya que el CIU es el instrumento legal que les permite acreditar la propiedad efectiva de su materia prima ante la bodega. Complementariamente, el CEC 05 registra los volúmenes elaborados y las titularidades, ayudando a evitar conflictos y a fortalecer la transparencia.

Advertencia de Seguridad Jurídica

Los firmantes, entre los que se encuentran la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Federación de Cámaras Vitícolas y la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), advierten que eliminar el CIU y debilitar el CEC 05 «debilitan gravemente el sistema integral de control», generando una incertidumbre que afecta directamente la seguridad jurídica de miles de productores. El reclamo busca equilibrar la desregulación económica con la seguridad y calidad de un producto emblema nacional.