Una organización criminal liderada por internos de los penales de Almafuerte y San Rafael estafó a una mujer por casi doce millones de pesos mediante ingeniería social y falsas identidades.
El modus operandi: De Facebook a la extorsión
La investigación liderada por el fiscal Javier Giaroli (Fiscalía de Instrucción N° 2) reveló una compleja red de engaños que se extendió durante seis meses. La banda, integrada por al menos cuatro internos y colaboradores externos, utilizó diversas etapas para manipular a la víctima:
- El señuelo: Una oferta de préstamos personales en Facebook.
- La estafa: Solicitudes de dinero para supuestos gastos administrativos.
- La presión: Un falso abogado alegó la quiebra de la financiera para exigir pagos por juicios.
- La extorsión: Una falsa «fiscal» amenazó a la mujer con una orden de detención por presuntas deudas judiciales.
Bajo este hostigamiento psicológico, la víctima transfirió un total de $11.800.000, llegando incluso a pedir préstamos a familiares para cumplir con las exigencias de los delincuentes.
Tecnología y geolocalización: Las claves del rastreo
La Justicia logró identificar el origen de los ataques mediante técnicas avanzadas de investigación digital:
- Impacto de antenas: Las conexiones de WhatsApp se localizaron en Agua de las Avispas (Cacheuta), zona donde se ubican el penal de Almafuerte y la cárcel de mujeres.
- Uso de datos: Los delincuentes operaban exclusivamente con datos móviles para evitar redes Wi-Fi, comportamiento típico de celulares clandestinos en centros de detención.
- Billeteras virtuales: Se bloquearon 150 cuentas digitales. Se detectaron casos de personas con hasta 21 billeteras a su nombre para dispersar el dinero.
Situación judicial y recuperación de activos
Hasta el momento, la causa cuenta con siete detenidos con antecedentes y diez personas más bajo investigación. Se están peritando 50 GB de información extraída de teléfonos secuestrados.
- Cargos: Estafa y extorsión simulando autoridad pública (pena mínima de 5 años).
- Prioridad: El fiscal Giaroli destacó que el objetivo principal es el resarcimiento a la víctima. Aquellos sin condenas previas podrían acceder a la suspensión del juicio a prueba solo si devuelven la totalidad del dinero.